LA GUERRA DE LOS LAZOS

Esto tiene mala pinta. Unos ponen lazos, y otros los quitan. Al final todo este jaleo es la incubadora de un odio ya inoculado en la sociedad catalana, y tarde o temprano nos dará un disgusto. La guerra de los lazos y de las banderas ha llegado tan lejos, que, en este momento, al igual que la crisis catalana en su conjunto, no se vislumbra salida alguna, y la posible tendría muchos costes a corto plazo: mano dura con el independentismo.

Por desgracia, en política, como en tantas otras cosas, nada es blanco y negro. Por eso es tan difícil trazar una línea que nos permita distinguir lo bueno de lo malo, si no es en los extremos de la bondad o la maldad. Nadie duda de que asesinar a personas por sus ideas está mal; y que defender el derecho del disidente a expresar sus ideas en libertad está bien. A partir de estos extremos, el largo recorrido de circunstancias que nos lleva de uno a otro extremo es una escala de grises donde tomar partido es complejo y difícil. Encarcelar a los independentistas no es matarlos, naturalmente, pero ya es un gris que genera discrepancias hasta en los especialistas que más saben de ello. Tolerar que el espacio público (edificios, calles, playas, rotondas...) se llene de lazos amarillos puede ser un benévolo ejercicio de defensa de la libertad de expresión; pero igual no. Me explico.

Una cosa es que una institución pública, un ayuntamiento, el Parlamento catalán, una consejería o cualquier otra entidad pública haga suya la reivindicación simbólica que está tras los lazos y plague el edificio o las calles con ellos; y otra muy distinta es que lo haga un ciudadano normal y corriente. Las instituciones públicas no tienen libertad de expresión, por muy representativas de la ciudadanía que sean. Un pleno municipal o el Parlamento catalán no pueden distorsionar el proceso de comunicación pública empleando el espacio público para transmitir una idea que no competirá en igualdad de condiciones con otras en ese proceso y en ese espacio. En el marco de un debate de ideas y opiniones, los poderes públicos tienen el deber constitucional de ser escrupulosamente neutrales. Los ciudadanos no soportamos ese deber, y por tanto tenemos el derecho constitucional a expresar con libertad lo que pensamos, aunque moleste o inquiete a otros. En el primer caso la reacción frente al uso partidista e ideológico de los poderes públicos y del espacio público por quienes ostentan un cargo público es la que tuvo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando la retirada inmediata de lazos y banderas de las fachadas y espacios de una institución pública si no son los establecidos por la normativa. De esta manera se garantiza la neutralidad del poder público en el debate de ideas constriñéndolo exclusivamente al uso de aquellos símbolos que representan a todos los ciudadanos y no sólo a una parte de ellos. En el segundo caso, y como recientemente ha dicho el Tribunal Constitucional Federal alemán en relación con la difusión de mensajes que negaban el Holocausto judío durante la II Guerra Mundial, el límite a la libertad de expresión, es verdad que su trazado no está exento de dificultades, debe estar en la paz que debe gobernar el debate libre de ideas. El problema no es que ciertas ideas sean repulsivas, inquietantes u ofensivas. El problema surge cuando expresarlas, bien por la forma en la que se hace, bien por las consecuencias que puede acarrear su difusión, altera la paz que debe regir el debate de ideas al provocar miedo en los interlocutores. El debate sólo es libre, abierto y plural si es un debate sin miedo. El problema con los lazos es que ahoga el debate libre de ideas, ejerce una presión e incluso una coerción sobre el disidente que le impele al silencio por miedo a arrostrar con las consecuencias de disentir. El lazo ya no es una idea, es un arma, y en España no hay un derecho a portarlas.