La pregunta es si deben
convocarse elecciones generales ya. El dilema político que acompañó a la
insoslayable moción de censura primaveral era si se trataba de un medio para desalojar
del poder a un PP hundido en sus miserias, pero con el propósito de llamar a
los ciudadanos a las urnas cuanto antes para formar un gobierno salido del voto
y no del reglamento parlamentario. O más bien, una carambola afortunada que ha
permitido que el PSOE llegara a la Moncloa, de manera que sería un despilfarro
político no aprovechar el efecto “moqueta” (subidón en los sondeos a consecuencia
de la llegada al Gobierno) para, por un lado, marcar diferencias con los
contrarios tratando de hacer política, aunque se sepa que probablemente no se
logre nada por la debilidad parlamentaria del Gobierno; y por otro, sacar
rédito de esta situación controlando los tiempos políticos y aprovechando las
ventajas que desde luego ofrece gobernar.
Sean dichas de paso un par de
cosas. Aquí no hay un problema de legitimidades políticas. Es tremendamente
perverso y falaz afirmar como hace el PP que el Gobierno de Sánchez es
ilegítimo porque no ha salido de las urnas. Democrática y constitucionalmente
tan legítimo es el Gobierno resultante del triunfo de una moción de censura
como el que sale de las urnas. Primero, porque es falaz que los gobiernos
salgan de las urnas. De las urnas sale un Parlamento, y es éste el que elige a
un Presidente del Gobierno. La misma forma de elegirlo tras unas elecciones
generales es la que se emplea en la moción de censura, que es un instrumento
que tiene el Parlamento para sustituir al Presidente del Gobierno que ha
perdido su confianza (la que le otorgaron en su elección en la Cámara tras las
elecciones) por otro candidato en el que la han depositado tras una votación
que requiere la misma mayoría que la elección de Presidente en primera vuelta
tras unas elecciones generales. Es el mismo Parlamento, elegido por los mismos
votantes, el que decide en un caso o en otro. En segundo lugar, porque
justamente por lo anterior, porque los ciudadanos no elegimos ni votamos a un
Presidente, sino a un Parlamento que es el que le elige, lo relevante en un
sistema parlamentario (y no presidencial) como el nuestro es que el Presidente
goce de la confianza de la Cámara. Y nuestro sistema constitucional prevé tres
mecanismos igual de legítimos para lograrlo: la investidura tras las elecciones
generales, ganando una cuestión de confianza (porque si la pierde debe dimitir)
o que otro postulante gane una moción de censura.
El problema no es de
legitimidades, sino, como le afea Ciudadanos, de convocatoria de elecciones
generales. Nada obliga al Presidente Sánchez a convocarlas antes del término de
la legislatura en el 2020. Pero no es menos cierto que políticamente el dilema
es tremendo. Imagino que los estrategas del PSOE estarán pensando que ahora
conviene esperar a los resultados de las elecciones andaluzas y, en todo caso,
de las locales y autonómicas de mayo de 2019. Dos buenos termómetros para saber
si el PSOE sigue en su momento dulce (efecto “moqueta”) o conviene convocar
antes de que las cosa se tuerzan. Todo ello aderezado en la esperanza de que el
postureo político de un Gobierno con menguados, inestables e imprevisibles
apoyos parlamentarios sea capaz de trasladar su propio desgaste a la oposición.
El problema es que eso es muy difícil cuando haces políticas identitarias que
siguen olvidando al gran centro electoral, que es el que te da la victoria. Y un
año y poco más, pasa volando. Pero si esperas demasiado, te puedes estrellar, y
si adelantas antes de tiempo, también te puedes estrellar. En mi humilde
opinión, posponer la convocatoria no hará sino perjudicar al PSOE porque ahora
aún puede sacar rédito de su bloqueo parlamentario por una oposición carca y
terca, desleal para los intereses de los ciudadanos, y de su promesa de
honestidad y dignidad. Pero qué va a saber un profesor de la periferia.
(publicado en EL COMERCIO el 14 de octubre de 2018)
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