UN ESCENARIO POSIBLE Y UNA REFORMA IMPROBABLE

Tras las elecciones del 21 de diciembre la partida queda en tablas. Separatistas y constitucionalistas empatan técnicamente; aunque finalmente el Gobierno que se forme será similar al destituido, y estará sostenido por el independentismo. ¿Sería posible una vuelta a atrás y un reinicio del proceso de desconexión? Se me antoja que la formación de ese gobierno iba a ser una tarea titánica, porque no veo a la CUP, y aledaños, apoyando a quienes a día de hoy consideran unos flojos, cuando no unos simples traidores. Es más, el PDCat se ha inclinado por un candidato tibio y más proclive a volver a la casilla de salida de 2008 , momento en el que se intentó un fallido acuerdo económico fiscal con el Gobierno de España. Sospecho que la víctima propiciatoria del proceso será este estertor de CiU que seguramente cosechará un resultado electoral casi testimonial. Esquerra ha amortizado por el momento a Junqueras, y coloca en su lugar una lideresa del proyecto independentista que da la impresión de sentirse más cómoda con la CUP y sus adláteres que con los descafeinados demócrata-catalanes. Del otro lado no hay más que la eterna oposición. El voto en Cataluña es pertinaz, y el paisaje parlamentario poco o nada va a cambiar. Si esto es así, y en la hipótesis de que Esquerra se haga con la Generalitat, cosa nada improbable, ¿el desgaste en la negociación para la formación del gobierno catalán será de tanta magnitud que no les dejará fuerzas para intentar la independencia de nuevo? ¿Habrán aprendido de este ensayo general fallido que el camino a la república independiente de su casa debe ser otro? No me extrañaría que se reivindicase una suerte de acuerdo con el Gobierno de España que de facto transforme Cataluña en una “nación libre asociada” al Estado español. ¿Acaso no lo es ya materialmente el País Vasco? ¿Por qué negarse a esta solución si puede ser un buen acuerdo para la convivencia y el respeto mutuo?

El problema aquí es la respuesta del Gobierno ante este posible escenario. Mantener el 155 si el resultado electoral no agrada no parece la opción política más adecuada. Esto no haría sino enquistar el conflicto aún más si cabe, sin ninguna garantía de mejora o reconducción. Llegar a un acuerdo es la única opción, sea económico (adoptar un modelo de concierto a la vasca) o político (una nación libre asociada). Pero uno u otro, si se quieren hacer bien, pasan por una reforma constitucional, y además de las agravadas, de esas que exigen mayorías y acuerdos muy duros, celebrar nuevas elecciones generales y referéndum aprobatorio de la reforma. El PP ya ha desautorizado al Presidente del Gobierno cuando recién estrenada la Comisión parlamentaria de estudio de la reforma ha sugerido que igual no están por la labor. Quizá no hayan caído en la cuenta de que la reforma constitucional puede ser la excusa perfecta para entretenernos durante lo que queda de legislatura, eximiendo al Gobierno y al Parlamento de otras tareas; para adelantar elecciones generales si eso conviene y sin necesidad de admitir que las ha forzado el mal resultado electoral en Cataluña; y para apaciguar el dragón catalán, pendiente de lo que resulte del pacto reformador. Ya ven que me he dejado llevar por el más puro tacticismo, porque si no les diría que al constitucionalismo le irá mal en las elecciones catalanas, y eso será un fracaso difícil de digerir para el Gobierno, que tendrá la tentación de perpetuar el 155 agravando en el tiempo el problema, yendo final e inexorablemente a un adelanto de elecciones porque no habrá manera de sacar adelante un presupuesto, sin la excusa de que así lo ordena la Constitución si el parlamento actual vota a favor de la reforma (la reforma, no se olvide, la hace el parlamento que resulte de esas elecciones). Pero para pensar todo esto hay que abandonar el cortoplacismo, y ese es un tema que no estaba en el temario de las oposiciones.

(Publicado en El Comercio, el 19 de noviembre de 2017)

EL DÍA DESPÚES

Acabo de escuchar a un cineasta, si es que ese término existe, achacar el supuesto problema catalán a la condición acomplejada de los españoles (¿por qué tenemos esta manía de presumir la valía o la autoridad incuestionables de la opinión de alguien por dedicarse a tareas científica, intelectuales o artísticas?). Les explico. Resulta que según este sesudo director de cine la tendencia separatista del catalán (y mete en el mismo saco al vasco) es la consecuencia natural de la falta de autoestima del español y su pertinaz complejo de inferioridad. Nuestra manía de hacer de menos nuestros talentos y éxitos, de vivir acomplejados y admirando los logros ajenos y nunca los propios, ha llevado a que ciertos grupos sociales no quieran formar parte de una legión de apenados. Ellos son diferentes, porque ni tienen esos complejos ni están aquejados de falta de autoestima, ni quieren seguir al lado de quien no está orgulloso de sí mismo y sus paisanos. Por eso quieren irse. No quieren estar con tristes. La verdad es que no dejo de pasmarme ante tan finos análisis. Y miren que tengo cierta querencia por la psicología social jungueriana. Pero esto es demasiado. Porque en realidad ese argumento no esconde sino un terrible reproche para los “españolistas” (todos unos maricomplejines según parece) que nos acusa de ser la causa de la desafección de los catalanes, y una clara imputación de responsabilidades y culpas. Nosotros somos la razón de todo el mal porque somos unos acomplejados, envidiosos y pusilánimes. En fin…

En realidad, yo, de lo que les quería hablar, era del día después del 21 de diciembre. Todo parece indicar que el mapa electoral arrojará un resultado similar a las elecciones catalanas de 2015. Si es así, la partida seguirá en tablas y todo quedará al albur de la abstención. Será difícil que la participación supere el máximo del 77 % del 2015, y lo probable es que los separatistas se muevan en el entorno del 55 % del voto y los no separatistas se queden con el 45 % restante. No cabe duda de que serán elecciones plebiscitarias y que se convertirán en el referéndum que no fue y debió haber sido. Debió haber sido, porque, en primer lugar, hubiera reunido todas las garantías para que fuese serio y riguroso bajo la supervisión de la administración electoral española y no controlado por el separatismo; en segundo lugar, porque en ese momento el no a la independencia hubiera ganado, pues la actitud arrogante y sorda del Gobierno de Rajoy no habría polarizado y extremado las posiciones; y en tercer y último lugar, porque eso nos hubiese permitido aprender y copiar del proceso canadiense para desactivar el separatismo. Ahora me temo que es un poco tarde para ese camino. El voto está extremado y el sentimiento de humillación y frustración es muy profundo.

Así las cosas, tarde o temprano habrá que afrontar que hay que hacer un referéndum como dios manda y que los catalanes digan lo que quieren hacer con sus vidas. No podemos dejar en herencia a nuestros hijos y nietos este lío pendular y cíclico. Los hechos son tozudos, como la vida, y tarde o temprano deberemos afrontar este lío. No es excusa sostener que hacerlo encendería la mecha en otros lugares y que después vendrían los vascos, luego los gallegos… y los andaluces, ¿por qué no? Si le tenemos miedo al futuro, tendremos justo el que no queremos. A lo único que debemos temer es a nuestra propia inseguridad. Cataluña será un problema mientras nos empeñemos en que lo sea. Y desde luego no podemos pretender que el problema lo resuelvan los tribunales.

Tampoco va a ser la solución una reforma constitucional guiada por la profundamente desorientada idea de que más federalismo es más descentralización. Pero de eso hablaremos otro día.

(PUBLICADO EN EL COMERCIO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017)

Y AL FINAL, LLEGO LA INDEPENDENCIA

Ya no sé qué decir, ni qué sentir, ni qué pensar. Finalmente se ha consumado la rebelión y el Parlament ha declarado la independencia de Cataluña. Sería fácil buscar culpables, asignar responsabilidades y enredarnos en debates y soliloquios fútiles. Pero nada de esto ahora tiene sentido y sirve para arreglar este disparate. Qué importa que yo les diga que esa declaración es un brindis al sol porque jurídicamente no tiene ningún valor. Esa ficción que esconde la declaración de independencia, no es menos ficción que la de creer que la Constitución sigue vigente en Cataluña. La ficción que en el tiempo resultará exitosa será aquella que logre llevarse a la práctica. Por eso es absolutamente urgente y perentorio que la aplicación del artículo 155 sea inmediata, contundente y sin resquicios. Una ficción se impone a otra en la medida en que la realidad la confirma. En este momento la urgencia es que la realidad confirme que la Constitución sigue vigente en Cataluña.

70 parlamentarios catalanes han perpetrado un golpe de Estado, han decidido separarse de España y han cometido un presunto delito, al menos de sedición, si no de rebelión. No es el momento de tibiezas y eufemismos, sino de llamar a las cosas por su nombre. Dejemos ahora que sean los órganos judiciales los que actúen, procedan a la imputación de los delitos que correspondan a quien corresponda. Es el momento de la Constitución y del Estado de Derecho. Una Constitución, por cierto, que permite secesiones territoriales. Pero siempre respetando los procedimientos que la propia Constitución establece, y que lo hace de manera que los cambios profundos y radicales sean posibles, siempre que se respeten las reglas de juego que tratan de buscar un equilibrio entre la realidad y los deseos, entre los que quieren cambiar el mundo y los que no quieren que le cambien su mundo. ¡Qué importante es saber perder en la vida! Aceptar que uno no tiene razón o que los demás no nos la den. Las separatistas no han sabido perder, y su derrota la han convertido en una rebelión donde unos activistas, agresivos y ciegos de rencor, han secuestrado la calle y han callado la voz de unos catalanes que no comulgan con su rueda de molino. La tardanza del Gobierno en activar el artículo 155 ha permitido que el separatismo haya empleado las instituciones políticas democráticas para disfrazar su sedición con la aparente formalidad institucional de un poder público que sólo es el fiel servidor de la voluntad de un supuesto pueblo catalán. La palabra lo aguanta todo.

Ahora llega el día después. El artículo 155 está activado y urge que el Gobierno de la Nación empiece cuanto antes a actuar porque no puede permitirse que el separatismo lleve la iniciativa como hasta este momento. Pero llevar a la práctica las medidas del artículo 155 no será tarea fácil. Destituir al Gobierno catalán o a la Mesa del Parlamento no será un coser y cantar. Ni estos señores se irán a casa voluntariamente, ni los activistas (y vaya usted a saber qué harán los Mossos) permitirán su casi probable e inevitable detención. Nadie tiene garantías de que los empleados públicos de la Administración autonómico catalana se sometan a las órdenes e instrucciones que les impartan las autoridades que designe el Gobierno de la Nación para sustituir a los depuestos. Ese será el stress test del 155. Y tampoco veo claro que la normalización de la situación en Cataluña vaya a ser simple y fácil porque el separatismo se va a lanzar a la calle y de forma muy agresiva. El Gobierno de la Nación llega tarde. Ya sé que es fácil rogarlo desde Asturias, pero es absolutamente vital que la Cataluña silenciada también se movilice y exprese su voluntad de no irse. Debe tratar de ganar el escenario al separatismo.

Sin embargo, aunque el artículo 155 resulte exitoso, no va a sanar la fisura social y política que este proceso ha provocado. Además, y aunque lo democráticamente deseable es que los catalanes se pronuncien en unas elecciones autonómicas inevitablemente plebiscitarias, ¿qué va a suceder si el separatismo gana esas elecciones; aunque sea por la mínima? No podemos quedarnos sólo con la activación del 155, hay que dialogar, dialogar y dialogar. No hay otra. Pero antes, volvamos a la Constitución.

(publicado en La Nueva España el 29 de octubre de 2017)

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN. AHORA SÍ

Pues sí, ahora sí que no queda otra. Cuando ustedes lean esto probablemente el Gobierno de la Nación habrá activado el mecanismo del artículo 155 CE y estará pendiente de que el Senado autorice la intervención de Cataluña. Que esto pueda suceder ha pasado, según se sabe, por un pacto entre el PP y el PSOE en el que éste apoyaría esa medida a cambio de que aquél active el proceso de reforma Constitucional. Ninguna de las dos cosas será tarea fácil.

Los que nos dedicamos al Derecho Constitucional siempre nos hemos preguntado sobre el momento en el que una constitución debe ser reformada. La respuesta siempre es política. Pero hay signos que ponen de manifiesto la fatiga de la constitución y la necesidad de que ésta se reforme. Esa fatiga no siempre (casi nunca) obedece a razones técnicas. No se suele afrontar un cambio constitucional, con el coste institucional y político que conlleva ese proceso, simplemente porque algunos preceptos o secciones de la constitución ya no funcionan. Yo les podría hacer una larga lista de aspectos de la constitución española que habría que pulir o simplemente cambiar porque el tiempo ha demostrado que no fueron una buena idea o ya no cumplen ninguna función o la que tenían prevista. Y, sin embargo, he dicho en muchas ocasiones que creía que no era necesario cambiar la Constitución española porque ninguno de esos cambios o ajustes iban a tener un impacto en la vida cotidiana de la gente, y si no era así, el esfuerzo y la tensión no valían la pena. Las constituciones no son sólo cosa de los constitucionalistas, ni están al servicio de sus especulaciones. Es verdad que las constituciones no están pensadas para estar presentes constantemente en la vida cotidiana. Las constituciones valen si sirven para ordenar la vida política y ciudadana de una comunidad y para dar respuesta a sus cuestiones capitales. Para ello se necesita, entre otras cosas, que en efecto cumplan esa misión de dejar resueltas ciertos aspectos esenciales para la convivencia de una comunidad política formada por individuos libres e iguales, y que, además, lo que callan sirva para dejar un espacio al debate y la elección política donde los ciudadanos veamos reflejadas sucesivamente nuestras cambiantes expectativas generacionales. Si las decisiones tomadas por la constitución son puestas en cuestión mayoritariamente y sus silencios no son fuente de soluciones, sino de conflictos, ha llegado el momento de cambiar esa constitución.

Una constitución para estar sana necesita que los ciudadanos se sientan afectos a ella, que la consideren pieza esencial de la convivencia pacífica, que dé respuesta cabal a sus expectativas, e incluso cuando se discrepa de ella, se perciba como la norma que garantiza y salvaguarda la discrepancia. Si eso no ocurre, lo que suele ser normal transcurrido un tiempo porque las sucesivas generaciones se van desligando y distanciando vital e ideológicamente de ella, y sobre todo donde los tribunales constitucionales no han asumido el papel (discutible en muchos casos, véase el ejemplo norteamericano) de actualizadores del texto constitucional, haciéndolo vivo y atento a los afanes de cada momento (mecanismo cuya bondad divide a los especialistas entre originalistas e interpretativistas -perdón por los neologismos-), la constitución entra en crisis.

Creo que España ha llegado a ese punto. No porque considere que una reforma constitucional, que será un proceso tortuoso y frustrante, sea la solución al problema catalán. En esto la reforma, como tantas otras cosas, llega tarde. Se trata más bien de que los españoles tenemos que recuperar nuestra confianza en la Constitución y volver a sentirla como la norma fundante de nuestra comunidad política. Lo que haya que reformar, lo dejamos para otro día.

PUBLICADO EN EL COMERCIO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017

DE ERROR EN ERROR

Si se hubiese empeñado en hacerlo peor, no lo hubiese conseguido. Este Gobierno de España es una calamidad. Ha conseguido poner a este país en el peor de los escenarios políticos posibles. Y casi lo peor no es ya el reto separatista, que lo es y mucho. No. Lo peor es que le han dado a los pardos los mejores argumentos para seguir con la socava del Estado. No se pudo gestionar peor la crisis catalana. Hasta el punto que ha tenido que salir el Jefe del Estado a hacer lo que debía haber hecho el Jefe del Gobierno, defender la Constitución. Porque de eso se trata, aunque parece que ni el PSOE ni IU se han enterado. Aquí no se trata de defender al Ejecutivo nacional, ni de acallar la voz de los catalanes (¿cuáles? Digo yo, porque parece que hay unos catalanes que quieren justo que les defiendan de los separatistas). Aquí se trata, ni más ni menos, de defender las reglas básicas de este juego, que es el de todos; y eso no pasa por dar un golpe de Estado contra el orden Constitucional democrático de España.

Corre por la red el video del mensaje televisado de JFK a resultas de la negativa de un Gobernador a acatar la sentencia de la Corte Suprema de los EEUU que declaró contrario a la Constitución el segregacionismo racial. Su mensaje es clarísimo. Es el mensaje que tratamos de trasladar los profesores de Derecho serios y rigurosos: sin ley, no es que no haya orden, es que no habrá ni paz ni libertad. Como dice JFK en ese mensaje, los ciudadanos somos libres para discrepar de las normas, pero no para desobedecerlas. Porque si lo hacemos, simplemente, es la guerra de todos contra todos. Recuerdo la imagen de una vecina de una ciudad catalana que le decía a uno de esos concejales de camiseta y sin duchar que, si él se negaba a cumplir con una sentencia judicial porque era “injusta y antidemocrática”, ¿ella podía negarse a pagar las multas de aparcamiento o el IBI porque los consideraba “injustos y antidemocráticos” y, además, no los había “votado”? Contéstense ustedes mismos.

No toca usar el lío catalán para atacar al Gobierno. A pesar de que se lo merece. Ha puesto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a comerse un marrón. Me gustaría saber qué brillante estratega se le ocurrió montar los operativa a las 9 de la mañana. Seguro que dirá que fue cuando llamaron los Mossos. Menuda excusa. Tampoco era necesario desalojar los lugares. Bastaba con ir allí, advertir a quienes hubiesen cedido los espacios o participasen en las pseudo-mesas que si persistían en su empeño estaban cometiendo un delito, al menos de desobediencia por no decir de sedición. Y de forma coordinada con sus señorías, una vez incumplida la orden policial amparada en el pertinente mandato judicial, proceder a notificarles allí mismo su imputación penal y, dado el caso, dictar las órdenes de detención oportunas. Lo otro fue ridículo y le dio al separatismo sedicioso la imagen y los mártires que ellos deseaban. Mejor no hablar de la prensa internacional y del debate en el Parlamento europeo. Por primera vez me he sentido euroescéptico.

Mientras, el Gobierno en shock, y la oposición de izquierdas haciendo honor a su historia remota, desleal y oportunista. Desleal a la Constitución, que es lo que hay que defender ahora sin miramientos. No hay espacio para la tibieza. No podemos confundir a unos con los otros. Tenemos que tener claras las líneas rojas y de qué lado estamos. Y oportunista, porque sólo piensan en debilitar al Gobierno en un cálculo electoral vergonzante. Pero claro, “no es no”. Yo siempre me he tenido por un socialdemócrata, pero no de “éstos”. Todo es expresión del fracaso de una generación de españoles que nunca han sabido administrar una Democracia. Una generación perdida en sus propios demonios, familiares y personales, que no han sabido mirar más allá de sus complejos morales. El problema es que serán mis hijas las que sufran su fracaso.

 PUBLICADO EN EL COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE 2017

¿CÓMO ENFRENTARSE AL SEPARATISTA?

Sí, sí, digo enfrentar, porque esto ya es un enfrentamiento. Hay una sutil línea roja que, una vez atravesada, ya no admite equidistancias, ya no es posible atemperar y tratar de encontrar un punto medio entre los que se quieren ir, lo que se quieren quedar y los que no entendemos nada de lo que está pasando. Hoy en Cataluña ya no es posible ser equidistantes y hay que tener claro quién está fuera de la ley y quién dentro. Y esa línea roja es la Constitución española. Claro que, si también cuestionamos esto y afirmamos sin solución de continuidad que por encima de la ley está la voluntad de la gente… pues la hemos liado, porque, digo yo, ¿quién es esa gente? ¿Y qué pasa con los que no son gente? ¿Y por qué lo que dice una gente vale más que lo que dice otra gente? La Constitución y la ley están justo para resolver estos dilemas, no el “derecho a decidir”.

Pero hoy no quiero hablarles de esto, que ya lo he hecho otras veces. No, hoy, y muy a mi pesar, me pongo en modo constitucionalista y trataré de describirles el panorama. El Tribunal Constitucional ha dicho de forma reiterada e indubitada que no existe un pueblo catalán soberano, que no existe un derecho a decidir o a la autodeterminación, que una comunidad autónoma no puede convocar un referéndum o consulta porque no tiene competencias para ello, y que, si bien se puede discutir sobre la secesión de España, la única manera de llevarla a cabo es a través de una reforma constitucional, por lo que cualquier otra forma de poner en práctica el debate sobre separarse que no sea reformar la Constitución es contario a ella y por tanto nulo e ilegal. Fíjense que el Tribunal nunca ha dicho que no puedan separarse, sino que no pueden hacerlo como los separatistas pretenden, a la brava y sin contar con los demás.

Dicho esto, y una vez que el Parlament catalán ha declarado materialmente la independencia de la “república catalana”, con gran tropelía de los derechos y reglas parlamentarias civilizadas, ¿qué puede o debe hacer el Gobierno? En primer lugar, el Tribunal Constitucional podría acordar ya en ejecución de sus resoluciones la destitución temporal de la Mesa del Parlament y del Gobern catalanes y deducir testimonio a fiscalía para que les impute un delito de desobediencia, por lo menos. Al Gobierno de España no le queda más remedio que acudir al manido artículo 155 de la Constitución. Éste podría ser el primer paso: suspender en sus funciones temporalmente a las autoridades y altos funcionarios de la Generalitat sustituyéndolos por personas designadas por el Gobierno de España, deteniendo e imputando penalmente a quien se resista física y activamente. A mi juicio, al igual que el poder de ejecución del Tribunal, estas medidas podrían alcanzar al Parlament y proceder a su disolución, convocando nuevas elecciones en Cataluña. El Gobierno debería presentar ante el Senado, que debe aprobarlo, tanto la propuesta de intervención en Cataluña (que en realidad no es de suspensión de su autonomía, si no de quienes la gestionan) como el plan de medidas a adoptar. Si la cosa va a mayores, y se producen graves altercados (que el Gobern o el Parlament se encierren, tumultos callejeros, violencia física…), entonces el Gobierno de la Nación quizá deba declarar un estado de excepción e incluso de sitio al amparo del artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 que lo desarrolla. Aquí el asunto toma otro cariz, más grave y severo, y requiere el acuerdo del Congreso de los Diputados. La Ley de Seguridad Nacional únicamente aporta el marco jurídico-institucional en el que debe desarrollarse la actuación del Gobierno de la Nación en el caso de que acuda a una de las dos opciones, que pueden ser alternativas o declararse sucesivamente una tras otra.

Hasta aquí la teoría constitucional. Pero me resisto a creer que no haya un plan b político, que entre unos y otros hayamos dejado que las cosas lleguen a este dramático punto.

(publicado en El Comercio el 24 de septiembre)

¡QUE SE VAYAN Y NOS DEJEN EN PAZ!

Así como lo oyen. Esto ya no tiene remedio. Los catalanes ni se llevan, ni se conllevan, como decía Ortega. Ese conjunto difuso de gente haría las delicias de Jung, porque están para un estudio de psiquiatría social. Esta gente tiene algún problema emocional. No comprendo esa especie de necesidad permanente de ir por ahí reivindicándose a todas horas, siempre acomplejados, siempre quejándose, siempre exigiendo un trato diferenciado. Alguien tendría que recordarles su historia fenicia, su vocación oportunista y arribista; y hoy, que tanta paliza dan con el franquismo y la dictadura españolista, no estaría de más recordarles también que muy leales nunca fueron y que bien que arrimaron su sardina al ascua franquista. Hay imágenes tremendas de este desquicie. La de la parlamentaria añeja y furibunda arrancando banderas españolas de los escaños vacíos de la oposición (puro guerracivilismo); o la Forcadell, una pequeña burguesa antisistema que le ajusta cuentas a la “dictadura española”. Y la más grave, eminentes constitucionalistas -schmittianos, parece ser- que están en el cerebro del independentismo manipulando el Derecho Constitucional para justificar una revolución.

Porque es lo que está ocurriendo en Cataluña. Un levantamiento, no sé si popular o populista, con dos momentos claros. El primero es la crisis de la consulta de 2009, que es el precipitado de una gente que ya no se aguanta a sí misma, de una sociedad corrompida políticamente, que nos echa la culpa a los demás de su ruina. Pero en ese momento, el Gobierno de España, que ha demostrado una ineptitud y una irresponsabilidad dignas de mejor causa, tenía que haberse puesto a negociar y a buscar una salida política al chantaje permanente sobre el que siempre se ha construido la política catalana. Pero no; quiso maquiavelar, y todo se les ha ido de las manos, permitiendo que los pardos del populismo antisistema hiciesen justo lo que los manuales del revolucionario aconsejan: entrar en las instituciones para asesínalas desde dentro. En esta primera fase el Gobierno tenía que haber hecho caso al sutil mensaje del TC en su sentencia sobre la consulta del 2009, cuando decía que, a pesar de que nuestra Constitución no reconocía un sedicente derecho a decidir o a la autodeterminación, sí regula cauces para que los ciudadanos puedan ser oídos. Ese día los arriolas debían estar de tuerka. Nada de eso se hizo, y aquí estamos ahora. Sordos a la negociación, se entra en esta segunda fase en la que sólo es posible acudir a los jueces y a la Guardia Civil para asegurar el cumplimiento de las leyes. Vale que uno se quiera divorciar, pero lo que no vale es que pretenda hacerlo como le convenga y no con arreglo al Código Civil. Bueno, pues eso es justamente lo que quieren: divorciarse, pero con sus normas, no con las de todos. Y este Gobierno políticamente calamitoso, siguiendo una máxima imperecedera de este país, pudiendo hacerlo mal para qué hacerlo bien, sigue su senda de dislates. Porque, si no, no se explica que este desastre de Gobierno no haya acudido aún al artículo 155 de la Constitución.

En este punto, no hay otra que el divorcio. Que se vayan de una vez, que nos dejen en paz. Y no me digan que la mayoría no quiere irse. Esa “mayoría” silenciosa ha sido cómplice cómoda del proceso, y ahora les toca bregar a ellos con sus demonios. Pero ya en una república catalana independiente. Eso sí, después de arreglar las cuentas con España, no vaya a ser que se deba algo.

(PUBLICADO EN LA NUEVA ESPAÑA, 2 DE OCTUBRE DE 2017)