Tras las
elecciones del 21 de diciembre la partida queda en tablas. Separatistas y constitucionalistas
empatan técnicamente; aunque finalmente el Gobierno que se forme será similar
al destituido, y estará sostenido por el independentismo. ¿Sería posible una
vuelta a atrás y un reinicio del proceso de desconexión? Se me antoja que la
formación de ese gobierno iba a ser una tarea titánica, porque no veo a la CUP,
y aledaños, apoyando a quienes a día de hoy consideran unos flojos, cuando no
unos simples traidores. Es más, el PDCat se ha inclinado por un candidato tibio
y más proclive a volver a la casilla de salida de 2008 , momento en el que se
intentó un fallido acuerdo económico fiscal con el Gobierno de España. Sospecho
que la víctima propiciatoria del proceso será este estertor de CiU que
seguramente cosechará un resultado electoral casi testimonial. Esquerra ha
amortizado por el momento a Junqueras, y coloca en su lugar una lideresa del
proyecto independentista que da la impresión de sentirse más cómoda con la CUP
y sus adláteres que con los descafeinados demócrata-catalanes. Del otro lado no
hay más que la eterna oposición. El voto en Cataluña es pertinaz, y el paisaje
parlamentario poco o nada va a cambiar. Si esto es así, y en la hipótesis de
que Esquerra se haga con la Generalitat, cosa nada improbable, ¿el desgaste en
la negociación para la formación del gobierno catalán será de tanta magnitud
que no les dejará fuerzas para intentar la independencia de nuevo? ¿Habrán
aprendido de este ensayo general fallido que el camino a la república
independiente de su casa debe ser otro? No me extrañaría que se reivindicase
una suerte de acuerdo con el Gobierno de España que de facto transforme
Cataluña en una “nación libre asociada” al Estado español. ¿Acaso no lo es ya
materialmente el País Vasco? ¿Por qué negarse a esta solución si puede ser un
buen acuerdo para la convivencia y el respeto mutuo?
El problema aquí es la respuesta
del Gobierno ante este posible escenario. Mantener el 155 si el resultado
electoral no agrada no parece la opción política más adecuada. Esto no haría
sino enquistar el conflicto aún más si cabe, sin ninguna garantía de mejora o
reconducción. Llegar a un acuerdo es la única opción, sea económico (adoptar un
modelo de concierto a la vasca) o político (una nación libre asociada). Pero
uno u otro, si se quieren hacer bien, pasan por una reforma constitucional, y
además de las agravadas, de esas que exigen mayorías y acuerdos muy duros,
celebrar nuevas elecciones generales y referéndum aprobatorio de la reforma. El
PP ya ha desautorizado al Presidente del Gobierno cuando recién estrenada la
Comisión parlamentaria de estudio de la reforma ha sugerido que igual no están
por la labor. Quizá no hayan caído en la cuenta de que la reforma
constitucional puede ser la excusa perfecta para entretenernos durante lo que
queda de legislatura, eximiendo al Gobierno y al Parlamento de otras tareas;
para adelantar elecciones generales si eso conviene y sin necesidad de admitir
que las ha forzado el mal resultado electoral en Cataluña; y para apaciguar el
dragón catalán, pendiente de lo que resulte del pacto reformador. Ya ven que me
he dejado llevar por el más puro tacticismo, porque si no les diría que al
constitucionalismo le irá mal en las elecciones catalanas, y eso será un
fracaso difícil de digerir para el Gobierno, que tendrá la tentación de
perpetuar el 155 agravando en el tiempo el problema, yendo final e inexorablemente
a un adelanto de elecciones porque no habrá manera de sacar adelante un
presupuesto, sin la excusa de que así lo ordena la Constitución si el
parlamento actual vota a favor de la reforma (la reforma, no se olvide, la hace
el parlamento que resulte de esas elecciones). Pero para pensar todo esto hay
que abandonar el cortoplacismo, y ese es un tema que no estaba en el temario de
las oposiciones.
(Publicado en El Comercio, el 19 de noviembre de 2017)
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