REFORMAR LA CONSTITUCIÓN. AHORA SÍ

Pues sí, ahora sí que no queda otra. Cuando ustedes lean esto probablemente el Gobierno de la Nación habrá activado el mecanismo del artículo 155 CE y estará pendiente de que el Senado autorice la intervención de Cataluña. Que esto pueda suceder ha pasado, según se sabe, por un pacto entre el PP y el PSOE en el que éste apoyaría esa medida a cambio de que aquél active el proceso de reforma Constitucional. Ninguna de las dos cosas será tarea fácil.

Los que nos dedicamos al Derecho Constitucional siempre nos hemos preguntado sobre el momento en el que una constitución debe ser reformada. La respuesta siempre es política. Pero hay signos que ponen de manifiesto la fatiga de la constitución y la necesidad de que ésta se reforme. Esa fatiga no siempre (casi nunca) obedece a razones técnicas. No se suele afrontar un cambio constitucional, con el coste institucional y político que conlleva ese proceso, simplemente porque algunos preceptos o secciones de la constitución ya no funcionan. Yo les podría hacer una larga lista de aspectos de la constitución española que habría que pulir o simplemente cambiar porque el tiempo ha demostrado que no fueron una buena idea o ya no cumplen ninguna función o la que tenían prevista. Y, sin embargo, he dicho en muchas ocasiones que creía que no era necesario cambiar la Constitución española porque ninguno de esos cambios o ajustes iban a tener un impacto en la vida cotidiana de la gente, y si no era así, el esfuerzo y la tensión no valían la pena. Las constituciones no son sólo cosa de los constitucionalistas, ni están al servicio de sus especulaciones. Es verdad que las constituciones no están pensadas para estar presentes constantemente en la vida cotidiana. Las constituciones valen si sirven para ordenar la vida política y ciudadana de una comunidad y para dar respuesta a sus cuestiones capitales. Para ello se necesita, entre otras cosas, que en efecto cumplan esa misión de dejar resueltas ciertos aspectos esenciales para la convivencia de una comunidad política formada por individuos libres e iguales, y que, además, lo que callan sirva para dejar un espacio al debate y la elección política donde los ciudadanos veamos reflejadas sucesivamente nuestras cambiantes expectativas generacionales. Si las decisiones tomadas por la constitución son puestas en cuestión mayoritariamente y sus silencios no son fuente de soluciones, sino de conflictos, ha llegado el momento de cambiar esa constitución.

Una constitución para estar sana necesita que los ciudadanos se sientan afectos a ella, que la consideren pieza esencial de la convivencia pacífica, que dé respuesta cabal a sus expectativas, e incluso cuando se discrepa de ella, se perciba como la norma que garantiza y salvaguarda la discrepancia. Si eso no ocurre, lo que suele ser normal transcurrido un tiempo porque las sucesivas generaciones se van desligando y distanciando vital e ideológicamente de ella, y sobre todo donde los tribunales constitucionales no han asumido el papel (discutible en muchos casos, véase el ejemplo norteamericano) de actualizadores del texto constitucional, haciéndolo vivo y atento a los afanes de cada momento (mecanismo cuya bondad divide a los especialistas entre originalistas e interpretativistas -perdón por los neologismos-), la constitución entra en crisis.

Creo que España ha llegado a ese punto. No porque considere que una reforma constitucional, que será un proceso tortuoso y frustrante, sea la solución al problema catalán. En esto la reforma, como tantas otras cosas, llega tarde. Se trata más bien de que los españoles tenemos que recuperar nuestra confianza en la Constitución y volver a sentirla como la norma fundante de nuestra comunidad política. Lo que haya que reformar, lo dejamos para otro día.

PUBLICADO EN EL COMERCIO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017