SECRETO, PERIODISTAS Y JUECES

Imagino que intuirán ustedes de qué voy a escribir hoy. Es que esto del caso Cursach me trae hablando solo. No acierto a entender que se les ha pasado por la cabeza al juez y a la fiscalía en semejante trance. Quiero pensar que no ha sido por desconocimiento del derecho constitucional más elemental, o de la más básica teoría general de los derechos fundamentales, o de la doctrina universalmente aceptada sobre la libertad de expresión. Me resisto a creer que cediesen sin más y por ignorancia a la petición de la policía judicial, probablemente muy justificada en el hastío de tanta filtración que estaba perturbando gravemente el curso de las investigaciones en un asunto tan siniestro. No puede ser, porque su señoría debería saber que con arreglo a una doctrina pacífica, reiterada y muy sólida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cualquier violación del secreto periodístico soporta una gravísima sospecha de constituir una aún más grave intromisión en la libertad de información de los profesionales del periodismo, y por extensión, de todos los ciudadanos. Dudo mucho de que el Tribunal Constitucional, llegado el caso, contrariase esta jurisprudencia.

En efecto, así es. Y no sólo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también todos los tribunales constitucionales de nuestro entorno (el alemán lo acaba de reiterar en una sentencia de 2015), han sostenido rotundos que cualquier interferencia en el secreto profesional de los periodistas debe justificarse en razones de indiscutible necesidad en el seno de una sociedad democrática. Esas razones siempre se han identificado con la ineludible garantía de otros intereses, bienes o derechos fundamentales. Debe acreditarse ante el juez que es absolutamente imprescindible revelar las fuentes periodísticas porque no hay otra forma alternativa menos gravosa de proteger los derechos constitucionales de terceros. Y no sólo eso, es además necesario acreditar que el daño que se produciría en esos derechos, de no violentar el secreto periodístico, es real, inminente y desproporcionado. Si no se acreditan todos estos extremos, la decisión judicial de obligar al periodista a revelar sus fuentes de la forma que sea, directamente llamándole a declarar, o indirectamente incautándose de sus medios de trabajo (móviles, archivos, ordenador, etc.), ¡constituye una vulneración de su libertad de información de manual!

No parece que se haya acreditado nada de eso ni por la fiscalía, ni por la policía judicial, ni por el propio juez, porque el auto que decreta la incautación de los móviles y ordenadores de los periodistas en cuestión no está motivado. Lo que ya resulta el colmo, porque cualquier juez debería saber que cualquier resolución judicial –que no sea de simple impulso procesal- sin motivación, especialmente en un supuesto de evidente afectación de un derecho fundamental, es manifiestamente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva (si no conozco las razones de la decisión, malamente me podré defender de ella) y a la libertad de información (cualquier limitación de un derecho fundamental sin motivar lo lesiona). El juez desde luego habrá podido saber quién filtraba información de las diligencias previas penales que instruía. Pero nada de lo que ha obtenido con esa actuación tiene valor probatorio porque al haberse obtenido con manifiesta vulneración de derechos fundamentales es nulo de pleno derecho y no puede emplearse en el proceso, so pena de viciarlo y provocar su nulidad (doctrina de los frutos del árbol envenenado). ¡Y encima para solventar un asunto ajeno al objeto principal de la causa! ¿Alguien da más?

(Publicado en EL COMERCIO, 23 de diciembre de 2018).

¿Para qué queremos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

Sinceramente, para nada. La Constitución Español en su artículo 122 importó la figura del Consejo Superior de la Magistratura de la Constitución italiana. En mala hora se nos ocurrió hacerlo. En Italia el Consejo lleva envuelto en la polémica desde sus inicios. Otra tanto cabe decir del nuestro (hasta en eso copiamos a Italia).

Este órgano del Estado ha estado siempre en el centro de la polémica, especialmente por el modo de provisión de sus miembros, pues sus competencias son más bien administrativas. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, debe distinguirse el Poder Judicial de la Administración de Justicia. El Poder Judicial lo desempeñan jueces y magistrados ejerciendo sus funciones jurisdiccionales (juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado) sujetos a un férreo estatuto personal regido por los principios de independencia, imparcialidad, inamovilidad y responsabilidad. Estas son las notas que definen a los órganos que ejercen jurisdicción en España y son ellos, jueces y magistrados, los que deben ser independientes e imparciales en el ejercicio de dicha función. La Administración de Justicia es una estructura orgánica y funcional del Estado cuya finalidad es gestionar económica y administrativamente los recursos personales y materiales al servicio del Poder Judicial.

El CGPJ se ocupa de lo segundo y no de lo primero. El CGPJ se ocupa de las necesidades organizativas del Poder Judicial, de su personal, de sus edificios e instalaciones, de sus recursos (coordinadamente con las Comunidades Autónomas que también tienen competencia en esta materia). Pero estas funciones, que aparentemente son pura burocracia, tienen una especial trascendencia. Primero, porque el correcto ejercicio de sus competencias permite que los jueces y magistrados hagan bien su trabajo. Segundo, porque le ocupa la selección de jueces y magistrados, su nombramiento y en su caso su sanción disciplinaria, lo que constituye una garantía no sólo del buen funcionamiento del Poder Judicial, sino de que funciona con arreglo a los principios inquebrantables de la independencia, imparcialidad y responsabilidad de sus miembros. Y, en tercer lugar, porque hacerlo bien tiene un valor simbólico capital. Es verdad que él no dicta sentencias, ni juzga y ni ejecuta lo juzgado. Pero si no cumple bien con esas dos tareas, daña de forma grave la imagen, siempre frágil, de la Justicia.

El primer estadio de lo que debiera un círculo virtuoso se inicia con la selección de los miembros del CGPJ. No voy a entrar en la polémica sobre si es mejor que los elijan los propios jueces y magistrados (lo que siempre me ha perecido un pelín corporativo), el Parlamento (lo que conlleva el riesgo del chalaneo partidista) o los dos a la vez (que quizá sea la fórmula más adecuada). Lo que está claro es que cuando se transmite la imagen de que la composición del CGPJ es el fruto del cambio de cromos, para además colocar a personas cuyo prestigio profesional está por ver, da igual que se designe a otros juristas de competencia indiscutible o que el CGPJ fruto de esa designación haga su trabajo de forma irreprochable. Ha nacido con mácula, y eso no hay forma de repararlo. Por eso, digo yo que, como esto no tiene remedio y lo que hace lo puede hacer el Ministerio de Justicia como en la mayoría de los países … ¿no sería mejor eliminarlo?

(Publicado en El Comercio, 25 de noviembre de 2018)

REFLEXIONES DE UN VIEJO SOCIALDEMÓCRATA EN TIEMPOS ODIOSOS

Ahora que sabemos que el elefante está en la habitación (Lakoff), ¿qué hacemos con el elefante? Ahora que sabemos que esto de la democracia se está yendo a pique, que nos asolan los fantasmas del populismo, el nacionalismo y el enfrentamiento (un fantasma recorre Europa, decían Marx y Engels para abrir su “Manifiesto Comunista”), que Europa zozobra acosada por los nuevos bárbaros, que nos domina el vértigo de la decadencia… ¿qué vamos a hacer con ese elefante?

Ya les adelanto que no voy a dar respuesta a esa pregunta. No tengo ni idea, y creo que nadie la tiene. Pero sí me aventuro a plantearles la siguiente hipótesis. La era de las grandes y maduras democracias está tocando a su fin. No morirán de repente. Asistiremos a una lenta y penosa agonía, para ser sustituidas por democracias orgánicas de nuevo cuño dirigidas por hombre fuertes que harán política emocional sólo para las mayorías reales, que son aquellas compuestas por ciudadanos mediocres, ociosos, llenos de miedos e inseguridades, absorbido por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, autistas sociales y reactivos únicamente a ideas simples e instintivas. Éste es el nuevo hombre del segundo milenio. Se acabó el sueño ilustrado de un humano racional, empático y comprometido. En realidad, nunca existió. Pero era una ficción necesaria para construir las nuevas sociedades y sus Estados, emancipados de la tiranía de la superstición y la servidumbre.

Vale. Conocemos el diagnóstico. Una y otra vez volvemos a él y lo formulamos y reformulamos. La democracia muere de éxito. Ya lo había dicho Schumpeter en los años 50 del siglo pasado, las democracias occidentales sólo conducen a sociedades ociosas y ególatras incapaces de cualquier tipo de sacrificio y alérgicas a toda responsabilidad. Este proceso conllevaba la progresiva degeneración de los sistemas educativos, el ablandamiento de todas las estructuras sociales, su permanente cuestionamiento, hasta quedar indefensos a la par que subyugados por populismos y demagogias de toda calaña que conectan de manera irracional con nuestras emociones instintivas y que se traducen políticamente en xenofobias, extremismos, nacionalismos, resentimientos, revanchismo… En fin, puro nihilismo del sálvese quien pueda negando al otro, al distinto, al que no soy yo o como yo. Detrás de las democracias de identidad y comunitaristas no hay más que exclusión y opresión al diferente, aunque prediquen lo contrario. Por eso entran en crisis los viejos partidos socialdemócratas o conservadores. No porque la socialdemocracia, el socialismo o las ideas liberales o el conservadurismo hayan tenido de dejar sentido político, sino porque la política ya no es un sistema en el que intervienen los hombres con sentido de Estado, sino el humano real y mezquino. Eso que tanto se dice, ya no hay “sentido de Estado”, no es más que el eufemismo que empleamos para decir que la política, el arte de convivir, ya no está en manos de gente cercana a la ficción del hombre ilustrado, sino a la del hombre real. Los procesos sociales ya no sirven para generar élites de decisión que se seleccionan por su mérito y capacidad (y no por su cuna o caja). Y en ese escenario ninguna idea política clásica funciona porque todas ellas presuponen la ficción del humano racional. Desde el momento en que hemos corrido el velo y reivindicamos la humanidad real y verdadera (la de seres violentos, egoístas, con una predisposición genética al nepotismo) como sujeto político, y lo que es aún peor, como agente político, la democracia está condenada.

Pero, conocido el diagnóstico, lo que toca ahora es hacer el esfuerzo de buscar un tratamiento. Seguramente ya no es posible volver al ideal de la democracia occidental clásica. Pero me da a mi que todo pasa por devolver al humano real a los confines de la vida cotidiana, y sujetarlo a sistema educativos y sociales exigentes para volver a seleccionar a los más capacitados para entender y gestionar el mundo. Rousseau sólo condujo a la anarquía; Hobbes nos llevó a la democracia.

POR QUÉ NO SOMOS PRODUCTIVOS

Pues porque protestamos mucho. Sí, protestamos mucho y nos quejamos aún más. Somos una nación de quejicas. Siempre me ha llamado la atención que en otros lugares de este planeta la gente no se queja, y cuando lo hace es con mucho fundamento. Allí cada uno está a lo suyo, se preocupa de lo común, y, lo que ahora importa, no está todo el santo día dando la matraca con quejas, protestas y reivindicaciones de toda clase. No quiero decir con ello que sea gente a la que pinchas y no tiene sangre. No son personas indolentes. Simplemente, entienden que las normas y la organización están para algo. Ojo, que no seré yo quien haga un elogio de la docilidad. Es que no se trata de ser o no ser dócil, se trata de ser responsables y maduros.

En mi modesta experiencia como docente ya sé que en uno u otro momento de la sesión habrá que hacer terapia de grupo. Hay siempre un momento en el que alguien plantea una queja, más o menos abstracta y más o menos ligada al asunto del que se está tratando, a la que de forma inmediata se suman uno tras otros los presentes haciendo a cada momento más grande la protesta. En ocasiones se llega a bordear el amotinamiento… no contra el docente (o sea, yo –menos mal-), sino contra todo en general y nada en particular. La gente de este país tenemos una predisposición genética a llevar la contraria y creer que ser un “pan-contraria” (que diría mi abuela) nos hace más dignos y honorables. Solemos tender a confundir el juicio crítico (que es cosa buena, pero, admitámoslo, resulta ser virtud de unos pocos) con la querulancia crónica. ¿Saben dónde está la diferencia? En que quien enjuicia críticamente lo hace con la razón y la cabeza, y quien se queja y protesta lo hace con las emociones y las tripas. Por eso no todo es siempre y en todo momento objeto de juicio crítico. Pero siempre hay motivos para quejarse de todo. La queja suele ser una expresión de egoísmo que en el mejor de los casos envolvemos en una supuesta conciencia social. El juicio crítico es expresión de un afán de mejora de lo que nos rodea, aunque de esa mejora resulten perjudicados nuestros intereses personales. Si se fijan, quien se queja nunca lo hace en contra de su propio interés. La queja es un desahogo incontenido y verbalizado. Y nadie se para a pensar si a los demás nos interesan sus quejas.

Es imposible ser productivos si estamos todo el día quejándonos y protestando. ¿Han pensado alguna vez sobre la cantidad de energía que malgastan quejándose? Si toda esa energía la utilizásemos para producir, ser más eficientes en nuestras labores, ser mejores y mejorar nuestro entorno personal, familiar, laboral y social, seguro que nos cantaba otro gallo. ¡Claro que hay momentos y razones para la queja! Pero ni todo momento es adecuado para hacerlo (para eso se inventaron las pausas del café en los trabajos, para poder desahogarse), ni todo puede ser objeto de queja. Cuando la queja es urbi et orbe, entonces nos hemos convertido en antisistemas, y este país tiene mucho de antisistémico (y así nos ha ido en muchas ocasiones). Es como que vivimos en una inacabable adolescencia social. Se nos va toda la fuerza por la boca. Así no hay manera de mejorar. No defiendo una productividad cuantificable únicamente en resultados económicos. Con ser importante, lo que reivindico es la productividad de la seriedad y el rigor, de hacer las cosas bien y poder destinar todas nuestras fuerzas a cumplir con lo que nos toca, sea en el hogar o en el trabajo. Ser productivo es ser capaz de hacer algo bueno y valioso. La queja sólo lleva a la esterilidad… y a la melancolía.

(Publicado en El Comercio el 28 de octubre de 2018).

ADELANTAR O NO ADELANTAR, ESA ES LA CUESTIÓN

La pregunta es si deben convocarse elecciones generales ya. El dilema político que acompañó a la insoslayable moción de censura primaveral era si se trataba de un medio para desalojar del poder a un PP hundido en sus miserias, pero con el propósito de llamar a los ciudadanos a las urnas cuanto antes para formar un gobierno salido del voto y no del reglamento parlamentario. O más bien, una carambola afortunada que ha permitido que el PSOE llegara a la Moncloa, de manera que sería un despilfarro político no aprovechar el efecto “moqueta” (subidón en los sondeos a consecuencia de la llegada al Gobierno) para, por un lado, marcar diferencias con los contrarios tratando de hacer política, aunque se sepa que probablemente no se logre nada por la debilidad parlamentaria del Gobierno; y por otro, sacar rédito de esta situación controlando los tiempos políticos y aprovechando las ventajas que desde luego ofrece gobernar.

Sean dichas de paso un par de cosas. Aquí no hay un problema de legitimidades políticas. Es tremendamente perverso y falaz afirmar como hace el PP que el Gobierno de Sánchez es ilegítimo porque no ha salido de las urnas. Democrática y constitucionalmente tan legítimo es el Gobierno resultante del triunfo de una moción de censura como el que sale de las urnas. Primero, porque es falaz que los gobiernos salgan de las urnas. De las urnas sale un Parlamento, y es éste el que elige a un Presidente del Gobierno. La misma forma de elegirlo tras unas elecciones generales es la que se emplea en la moción de censura, que es un instrumento que tiene el Parlamento para sustituir al Presidente del Gobierno que ha perdido su confianza (la que le otorgaron en su elección en la Cámara tras las elecciones) por otro candidato en el que la han depositado tras una votación que requiere la misma mayoría que la elección de Presidente en primera vuelta tras unas elecciones generales. Es el mismo Parlamento, elegido por los mismos votantes, el que decide en un caso o en otro. En segundo lugar, porque justamente por lo anterior, porque los ciudadanos no elegimos ni votamos a un Presidente, sino a un Parlamento que es el que le elige, lo relevante en un sistema parlamentario (y no presidencial) como el nuestro es que el Presidente goce de la confianza de la Cámara. Y nuestro sistema constitucional prevé tres mecanismos igual de legítimos para lograrlo: la investidura tras las elecciones generales, ganando una cuestión de confianza (porque si la pierde debe dimitir) o que otro postulante gane una moción de censura.

El problema no es de legitimidades, sino, como le afea Ciudadanos, de convocatoria de elecciones generales. Nada obliga al Presidente Sánchez a convocarlas antes del término de la legislatura en el 2020. Pero no es menos cierto que políticamente el dilema es tremendo. Imagino que los estrategas del PSOE estarán pensando que ahora conviene esperar a los resultados de las elecciones andaluzas y, en todo caso, de las locales y autonómicas de mayo de 2019. Dos buenos termómetros para saber si el PSOE sigue en su momento dulce (efecto “moqueta”) o conviene convocar antes de que las cosa se tuerzan. Todo ello aderezado en la esperanza de que el postureo político de un Gobierno con menguados, inestables e imprevisibles apoyos parlamentarios sea capaz de trasladar su propio desgaste a la oposición. El problema es que eso es muy difícil cuando haces políticas identitarias que siguen olvidando al gran centro electoral, que es el que te da la victoria. Y un año y poco más, pasa volando. Pero si esperas demasiado, te puedes estrellar, y si adelantas antes de tiempo, también te puedes estrellar. En mi humilde opinión, posponer la convocatoria no hará sino perjudicar al PSOE porque ahora aún puede sacar rédito de su bloqueo parlamentario por una oposición carca y terca, desleal para los intereses de los ciudadanos, y de su promesa de honestidad y dignidad. Pero qué va a saber un profesor de la periferia.

(publicado en EL COMERCIO el 14 de octubre de 2018)

EL PESO DEL SILENCIO

Hace unos días daban cuenta los medios de comunicación del dilema en el que estaba sumido el editor de The New Yorker. Este prestigioso semanario norteamericano celebra regularmente un foro denominado “Festival de las ideas” en el que invita a figuras relevantes de distintos ámbitos para que expongan sus opiniones ante un auditorio crítico. Uno de los invitados había sido el controvertido Steve Bannon. Cuando se dio a conocer su nombre, una ola de indignación y rechazo inundó la redacción del semanario. Las quejas, críticas, reproches, declinatorias de invitaciones de otros personajes, incluso la pérdida de suscriptores, llevaron a su editor a retirar la invitación a Bannon, con el consiguiente enfado de éste personaje pintoresco de la política americana.

El caso es que, por un lado, el asunto en su conjunto tiene una sospechosa apariencia de censura de las ideas y opiniones de una persona. Serán execrables, discutibles, perversas, inquietantes, perturbadoras… pero son opiniones que, al fin y al cabo, tiene derecho a expresar. La lógica de la libertad de expresión y su protección del libre debate de ideas, ampararía la queja de Bannon, que legítimamente se sentiría silenciado por la presión de quienes disienten de ellas y han tenido la capacidad, por su posición y su notoriedad (entre ellas la mismísima hija de Bill Clinton), de acallarle. Pero, por otro lado, las opiniones de Bannon no son nada inocentes. Es conocida su xenofobia, su homofobia, su ultranacionalismo, su conservadurismo cavernario. En fin, es un ideólogo irreverente, incómodo y perturbador. Sus ideas y opiniones han alentado a personajes como Trump (y hasta Trump terminó por prescindir de él por su extremismo) e inspira y aconseja a lo más oscuro de la política europea (Frente Nacional en Francia, o la Liga en Italia, a Orbán en Hungría). Cada vez que abre la boca, sube el pan en todo el mundo. Y uno se pregunta si es sensato darle cancha, elevarlo a los altares de las opiniones respetables dándole la palabra en los estrados de los foros de ideas más prestigiados. En cierta manera, hacerlo, es legitimar su voz corrosiva y difundirla arropada por un cierto halo de respetabilidad. Imagino que el editor del semanario fundadamente pensó que no podían ser cómplices en la propagación de su pensamiento retrógrado.

El asunto es complejo. A mi entender el editor de The New Yorker se rindió ante la presión de los políticamente correcto y del lobby de los bienintencionados, y silencio las ideas de Bannon. Pero no debe perderse de vista que lo hizo excluyéndolo de una plataforma de comunicación que es suya. En modelos constitucionales como el nuestro, al tratarse de un asunto entre particulares, apenas tendría relevancia constitucional, y, en definitiva, al Sr. Bannon se le ha sustraído un medio de difundir sus ideas (el Festival de las Ideas), que no era suyo, y su legítimo propietario (The New Yorker) tiene derecho a decidir a quién le cede o no su espacio mediático. Sin embargo, no tengo muy claro que este proceder sea el más adecuado si nos tomamos en serio la gran ficción del discurso público. Obviamente, la libertad de expresión no le inmuniza a uno de las críticas de otros. Tampoco garantiza tener un público receptivo, ni permite obligar a otros a que me escuchen. La libertad de expresión garantiza que nadie me puede imponer una opinión o impedir que opine. Pero nada más. En ese sentido al Sr. Bannon no le han vulnerado su libertad de expresión. Pero un robusto debate de las ideas, garantizado por el derecho a recibir libremente información que todos tenemos, aseguraría en cierto modo al Sr. Bannon su derecho a expresarse y decir lo que piensa, e incluso a no ser excluido de los foros de debate si estos reciben algún tipo de ayuda pública, porque otros no quieran escucharle. En realidad, lo que me preocupa es la santurronería de quienes consiguieron silenciarlo en ese foro, no mediante la sana y decidida crítica de sus opiniones participando en el dichoso foro (¡y vaya sin son censurables!), sino presionando al editor del semanario para que fuese él quien lo silenciase, a riesgo de sufrir las represalias de no hacerlo. Da qué pensar.

LA GUERRA DE LOS LAZOS

Esto tiene mala pinta. Unos ponen lazos, y otros los quitan. Al final todo este jaleo es la incubadora de un odio ya inoculado en la sociedad catalana, y tarde o temprano nos dará un disgusto. La guerra de los lazos y de las banderas ha llegado tan lejos, que, en este momento, al igual que la crisis catalana en su conjunto, no se vislumbra salida alguna, y la posible tendría muchos costes a corto plazo: mano dura con el independentismo.

Por desgracia, en política, como en tantas otras cosas, nada es blanco y negro. Por eso es tan difícil trazar una línea que nos permita distinguir lo bueno de lo malo, si no es en los extremos de la bondad o la maldad. Nadie duda de que asesinar a personas por sus ideas está mal; y que defender el derecho del disidente a expresar sus ideas en libertad está bien. A partir de estos extremos, el largo recorrido de circunstancias que nos lleva de uno a otro extremo es una escala de grises donde tomar partido es complejo y difícil. Encarcelar a los independentistas no es matarlos, naturalmente, pero ya es un gris que genera discrepancias hasta en los especialistas que más saben de ello. Tolerar que el espacio público (edificios, calles, playas, rotondas...) se llene de lazos amarillos puede ser un benévolo ejercicio de defensa de la libertad de expresión; pero igual no. Me explico.

Una cosa es que una institución pública, un ayuntamiento, el Parlamento catalán, una consejería o cualquier otra entidad pública haga suya la reivindicación simbólica que está tras los lazos y plague el edificio o las calles con ellos; y otra muy distinta es que lo haga un ciudadano normal y corriente. Las instituciones públicas no tienen libertad de expresión, por muy representativas de la ciudadanía que sean. Un pleno municipal o el Parlamento catalán no pueden distorsionar el proceso de comunicación pública empleando el espacio público para transmitir una idea que no competirá en igualdad de condiciones con otras en ese proceso y en ese espacio. En el marco de un debate de ideas y opiniones, los poderes públicos tienen el deber constitucional de ser escrupulosamente neutrales. Los ciudadanos no soportamos ese deber, y por tanto tenemos el derecho constitucional a expresar con libertad lo que pensamos, aunque moleste o inquiete a otros. En el primer caso la reacción frente al uso partidista e ideológico de los poderes públicos y del espacio público por quienes ostentan un cargo público es la que tuvo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando la retirada inmediata de lazos y banderas de las fachadas y espacios de una institución pública si no son los establecidos por la normativa. De esta manera se garantiza la neutralidad del poder público en el debate de ideas constriñéndolo exclusivamente al uso de aquellos símbolos que representan a todos los ciudadanos y no sólo a una parte de ellos. En el segundo caso, y como recientemente ha dicho el Tribunal Constitucional Federal alemán en relación con la difusión de mensajes que negaban el Holocausto judío durante la II Guerra Mundial, el límite a la libertad de expresión, es verdad que su trazado no está exento de dificultades, debe estar en la paz que debe gobernar el debate libre de ideas. El problema no es que ciertas ideas sean repulsivas, inquietantes u ofensivas. El problema surge cuando expresarlas, bien por la forma en la que se hace, bien por las consecuencias que puede acarrear su difusión, altera la paz que debe regir el debate de ideas al provocar miedo en los interlocutores. El debate sólo es libre, abierto y plural si es un debate sin miedo. El problema con los lazos es que ahoga el debate libre de ideas, ejerce una presión e incluso una coerción sobre el disidente que le impele al silencio por miedo a arrostrar con las consecuencias de disentir. El lazo ya no es una idea, es un arma, y en España no hay un derecho a portarlas.