MIEDO A HABLAR. LA OMERTA

Les confieso que he estado a un tris de no escribir este artículo. Pero pensé que, tras casi toda una vida profesional dedicada al estudio de la libertad de expresión, era bien triste callarme en un asunto como éste (y se lo debo a mis estudiantes). Me resisto a callarme por miedo a las reacciones de la nueva intolerancia de los defensores indignados de todo pelaje. Vaya dicho por delante que me parece impresentable la campaña de esta asociación “Hazteoír” en contra de todo género que no sea el heterosexual católico apostólico y romano; y más impresentable es que reciba fondos públicos que gasta en este tipo de campañas sórdidas. Estos son los “originalistas” del “Tea Party” español… ¿Qué pensarán de Darwin? Mejor no saberlo. No es propio de una sociedad democrática y avanzada que aún nos suscite rechazo algo tan personal y respetable como la elección de la identidad sexual de cada cual. Vive y deja vivir, y, sobre todo, ¡respeta!

Pero dicho eso, la polémica generada con este autobús y las reacciones viscerales y contenidamente violentas, pero no por ello menos amenazantes, de quienes no comparten y les asquea el mensaje que porta del vehículo ha puesto en solfa de nuevo el futuro de la libertad de expresión, amenazada ahora por una nueva ley del “silencio” de todo lo que pueda ofender a las minorías. A su juicio, los promotores de dicha iniciativa son reos claros del delito de incitación al odio transfóbico, ofenden y denigran a los transexuales (y así lo piensa de manera harto discutible el juez de la medida cautelar; otro día le dedicaré unas líneas a esta nueva generación de jueces activistas, justicieros y muy dados al uso alternativo del derecho). Si el criterio es el de la “ofensa”, ¿qué hacemos con los que consideran que el Día del Orgullo Gay les resulta “ofensivo”? ¿Por qué una ofensa merece más respeto que otra? La verdad es que todas estas imprecaciones son simples juicios de y sobre intenciones. El Estado no puede dirimir juicios de intenciones y cuestiones meramente morales. El mensaje, expreso y tácito, es deleznable. Pero a pesar de serlo, tienen derecho a expresarlo; tienen derecho a ejercer su libertad de expresión y decir lo que les dé la gana, aunque sea un disparate, una mentira, o un juicio moralmente inaceptable, mientras no incurran en el insulto. Y aquí no hay insultos, a pesar de que el mensaje sea impresentable.

La grandeza de la verdadera libertad de expresión es que protege cualquier opinión siempre que no sea un insulto expreso y evidente. La libertad de expresión no exige tener que escuchar o leer estos mensajes, no exige que les hagamos caso. Podemos pasar olímpicamente de quien opina, y quien opina tiene que aceptar que se le ponga pingando de palabra, por supuesto. Las reglas son las mismas para el opinador y el crítico. Pero lo que no podemos hacer es que la gente tenga miedo a opinar por miedo a que se le sancione por lo que diga. Stuart Mill ya decía que nadie, y menos el Estado, puede atribuirse el poder de la infalibilidad y por tanto el de imponer a los demás una opinión porque es la buena y la verdadera. Las opiniones se discuten con opiniones y en el debate público, no en los tribunales o en los parlamentos.

Vivimos tiempos desconcertantes en los que ciertas morales pretenden imponerse como verdades inatacables; tiempos en los que la ofensa la tenemos a flor de piel y exigimos en nuestra condición de ofendidos una reparación ejemplar: silenciar al disidente. Que nadie se equivoque, esa forma simple y primitiva de reaccionar solo conduce a un único lugar, al fin de la democracia.

(publicado en El Comercio 5 de marzo de 2017)