¡Y vaya si lo es! Asisto
estupefacto a un debate, rayano en el esperpento, sobre la absolución judicial
de una madre, a la que había denunciado su hijo por haberle quitado el móvil,
que a más inri era de la madre, tras un forcejeo. Resulta que la progenitora en
cuestión, a la vista de que su retoño adolescente no terminaba por ponerse a
estudiar, le retiró el teléfono. El caso es que el chaval quiso empapelar a la
madre, y un juez sensato dijo que no. Desconozco los pormenores y las
circunstancias de la familia, pero, desde luego, el caso es chusco.
Es cierto que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos condenó hace tiempo al Reino Unido por tolerar en sus
colegios el uso de correctivos físicos. Aquella sentencia desató una ola en
Europa de revisión de estas políticas tolerantes para con el castigo físico, y
llego al punto de eliminar de numerosos Códigos Civiles, entre ellos el
español, la norma que permitía a los progenitores corregir moderadamente a sus
hijos acudiendo a la fuerza física… vaya, que permitía dar un azote. De este
modo se entendía excluido del delito de agresión, coacciones, amenazas,
lesiones o vejaciones, o como se quisiera llamar, el manido cachete, azote o
bofetada. Siempre, claro está, de que se tratase de un uso leve y proporcionado
de la fuerza. Porque todo, hasta en el seno de la convivencia familiar, tiene
un límite. La cuestión es que en este universo de fariseo buenismo, no exento de una elevada dosis de cinismo sofista,
siempre hay quien se rasga las vestiduras, se envuelve en la bandera de la
dignidad y la defensa del menor desprotegido, arremete irreflexivamente contra
el bofetón. La consecuencia no es que se haya mejorado la pedagogía familiar
por prohibir y sancionar al progenitor que da un azote, sino que los jueces
condenan a padres y madres, abuelos y abuelas, desconcertados porque
simplemente han corregido a un menor con un cachete. El caso del abuelo
denunciado por un policía que vio como le daba un azote a su nieto en un
parque, da que pensar.
El problema y el debate se desvía si nos enzarzamos en
decidir si es o no correcto el cachete. Un azote es un acto violento, no cabe
duda, y debe estar prohibido por principio. Pero su violencia es graduable, y
habrá un extremo en el que resulte intolerable (las palizas con le hebilla del
cinturón), y otro en el que carezca de relevancia jurídica (el mero azote
desganado y leve en el culo). El problema es que haya policías o fiscales que
no sepa medir el acto, identificar su gravedad y desproporción, y se ensañen
con el progenitor. Que pegar no es solución, todos lo sabemos. Pero todo pegar
no es igual, y no debe introducirse en la convivencia familiar semejante
distorsión provocada por la amenaza de una sanción penal si se corrige
físicamente al hijo. Y tampoco es equiparable a la violencia de género. Desde
luego, es inaceptable que una ley autorice el uso de la violencia de cualquier
clase. Pero que ya no se autorice no significa que en todo caso se cometa un
delito. El sentido común nos dice que
eso no es así. Porque si lo fuera, tras cada partido de fútbol habría que
instruir varias causas penales a cuenta de las patadas, entradas, empujones y codazos
que se suceden durante el encuentro. Una sociedad que se mete en esos telares
está tan enferma como la que permite el otro extremo. Hay elementos en el
derecho más que suficientes para identificar un caso de violencia gratuita e
intolerable, de una mera corrección que no tiene más consecuencias. Me asombra
que un fiscal o un juez no sean capaces de ver esa diferencia y de tener claras
las líneas que separan un caso de otros.(publicado en E Comercio 2 de abril de 2017)
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