A vueltas otra vez con los lazos amarillos

No me cansaré de decirlo: las instituciones públicas no tienen libertad de expresión. Yo no salgo de mi estupefacción, ya no sólo con la pertinaz insistencia de Torra y demás tropa en mantener el desafío de los símbolos (era lo esperable), sino por la increíble intervención del Síndic de Greuges catalán. Este órgano autonómico cumple las mismas funciones que el Defensor del Pueblo, o las que cumplió en su momento la Procuradora del Común en Asturias: defender los derechos de los ciudadanos frente a las correspondientes Administraciones públicas. Que ésta sea su función hace más grotesca aún si cabe la intervención del Síndic en esta “querella de los lazos”. Primero, porque, aunque entre sus funciones está la de emitir informes “en relación con materias de su competencia” (dice el artículo 4. F) de su ley reguladora), no deja de resultar chocante que emita uno a petición del jefe de la Administración a la que debe controlar para que no vulnere los derechos de las personas; y además lo haga, no sobre la libertad de éstas a expresarse, sino sobre la de la propia Administración. Segundo, porque además su informe sólo puede entenderse como un capote político al President frente a la Junta Electoral Central. De no ser así, es como para suspenderle Derecho con efecto retroactivo.

Según el Sindic los espacios públicos son espacios en los que no sólo se deben expresar con libertad las personas, sino que además debe incluso garantizarse activamente por los poderes públicos esa libertad de expresión. Hasta ahí bien. Esto no deja de ser la doctrina de la Corte Suprema de los EEUU, muy extendida también en Europa, de los “foros públicos”. La idea es que hay espacios públicos, por ser accesibles a cualquiera, como parques y calles, en los que cada cual puede expresar su opinión. Incluso la Corte norteamericana (cosa que no han acogido los tribunales constitucionales europeos) ha considerado que la Constitución norteamericana protege también la “opinión” de los propios poderes púbicos. Pero, ojo, esto los dice la Corte porque la doctrina norteamericana sobre la libertad de expresión la ha extendido también al Estado (las subvenciones públicas, por ejemplo, se consideran una forma de expresión de la opinión “política” del Gobierno). No es el caso de las europeas, tampoco de la española, y por razones muy fundadas. Pero incluso admitiendo que esto pueda ser así, y que, en efecto, en los espacios públicos, lo que incluye los edificios y sedes oficiales, también tienen derechos las instituciones públicas a expresarse, la propia Corte Suprema estadounidense ha dicho que en todo caso su intervención en el foro público no debe tener el efecto de expulsar, limitar o discriminar otras opiniones. Es más, la tendencia de los últimos tiempos es a exigir a los poderes públicos que su intervención en los espacios públicos no distorsione el libre y plural debate de ideas entre los ciudadanos.

La impresión que da este informe es de ser un apaño para que Torra pueda acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos sin que parezca que se ha rendido a la voluntad de una institución “españolista”. Por eso el informe del Síndic dice que en situaciones normales no hay inconveniente en que se luzcan los lazos porque es una forma de expresión libre de una idea, pero que en situaciones excepcionales como unas elecciones conviene que se retiren porque en esos casos esas mismas instituciones públicas deben ser exquisitamente neutrales. En mi opinión, la neutralidad de las instituciones públicas en España es un mandato constitucional (lo que no ocurre en EEUU), y es exigible en cualquier circunstancia. Una institución pública no puede tomar partido porque pierde su objetividad e imparcialidad en la garantía de los intereses de todos… no de unos (incluso si son mayoría).

(publicado en El Comercio 24 de marzo de 2019)

DECRETA,QUE ALGO QUEDA

No es que los gobiernos anteriores a los Rajoy y Sánchez se hayan quedado mancos con el recurso a la figura del Decreto Ley. Pero es indiscutible que Mariano y Pedro le han tomado cariño a esta forma de legislar. El Decreto Ley es una fórmula de creación de normas de igual rango que las Leyes de las Cortes. Las diferencias entre una y otra forma no son menores, sin embargo. La Constitución española otorga al Gobierno en su artículo 86 el poder de promulgar normas con el mismo rango que las leyes parlamentarias (es decir, con capacidad para modificar y derogar cualquier ley que las preceda) en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, con una vigencia limitada a 30 días y con severos límites materiales y formales. Esta figura normativa en manos del Gobierno no está pensada constitucionalmente para ser un instrumento para hacer política y dirigir el país. Está diseñada para que el Gobierno pueda reaccionar con prontitud ante circunstancias imprevistas e imprevisibles que necesitan de una respuesta inmediata con el más alto rango normativo posible. Piensen en una catástrofe natural. Por eso tiene una vigencia limitada en el tiempo. Y para que esa vigencia se prolongue es necesario que el Congreso lo convalide antes de esos 30 días; es decir, que el parlamento exprese su confianza en esa decisión gubernamental respaldándola dotándola de vigencia indefinida. Es más, se puede tramitar ese Decreto Ley como si fuera una Ley, por tanto, ser discutido y hasta modificado su contenido, hasta la promulgación, esta vez sí, de una ley de las Cortes Generales con un contenido similar al del Decreto Ley.

 Este complejo y delicado ensamblaje institucional ofrece al Gobierno un instrumento eficaz de reacción frente a lo incierto, pero sin mermar el poder del legislador parlamentario, que es el que decidirá si el Decreto Ley se muere o no a los 30 días de su publicación. Esta relación de confianza entre ambos Poderes, pues la legislación gubernamental de urgencia sólo perdurará si el parlamento le otorga su confianza convalidándolo o convirtiéndole en Ley, podría permitir una interpretación relativamente menos estricta de lo que pueda considerarse una “extraordinaria y urgente necesidad”, y extenderlo a situaciones que no son tan imprevistas ni imprevisibles, y a medidas que no se limitan a tajar lo incierto y urgente, sino que podrían tener vocación de permanencia indefinida en el ordenamiento jurídico (la reforma del régimen laboral, o del régimen presupuestario y financiero de las Administraciones Públicas, o la reducción de las nóminas de los empleados públicos, etc.). Probablemente estas sean las razones que en el fondo (muy en el fondo) explican la condescendencia del Tribunal Constitucional (TC) para con el Gobierno y su uso inmoderado de esa legislación de urgencia.

¿Pero qué pasa si se abusa del Decreto Ley? Lo cierto es que nada, porque al final la mediación del parlamento convalidando o convirtiendo el Decreto Ley y la demora del TC hacen inútiles los controles constitucionales sobre los límites formales y materiales de los Decretos Ley. Pero eso no impide que resulte sumamente cuestionable desde un punto de vista constitucional acudir al Decreto Ley por un Gobierno que ha convocado elecciones generales y disuelto las Cortes Generales. Por mucho que la Diputación Permanente (el órgano que representa a las Cortes durante el período electoral y que reproduce a escala su composición) pueda convalidarlos, no deja de hurtarse a los representantes de los ciudadanos el poder de debatir sobre el contenido del Decreto Ley e incluso de convertirlo en una Ley. Falta la confianza parlamentaria para hacer duradero al Decreto de Ley, de manera que se intensifica su condición de instrumento de política general en manos del Gobierno al margen de la fiducia parlamentaria, y no de legislación de urgencia. Seguramente así serán las cosas y hay que aceptar que la evolución constitucional ha llevado a esto. Pero esta idea no deja de ser simple resignación.  

(Publicado en El Comercio el 10 de marzo de 2019)

CARTA ABIERTA A CARLOS LÓPEZ OTÍN

Querido amigo, es muy difícil ser templado al ver la mezquina manera en la que los mediocres y cobardes te han emborronado. La gente no sabe qué duro y salvajemente competitivo es nuestro mundo, y en particular el vuestro, donde la cada vez mayor renuncia a ayudar a la investigación con fondos públicos nos ha abandonado en manos de la financiación privada, o de una pública gestionada con criterios “gerenciales”, que exige resultados y ya. Esta chifladura obliga cada día más a una ciencia motorizada, que debe renunciar a la debida pausa y mesura porque si te demoras perderás el tren de los recursos necesarios para seguir trabajando, especialmente en tu extremadamente competitivo campo. Imagino que tú, como yo, disculpa mi arrogancia por pensar que así es, crecimos en una universidad muy distinta a la de hoy. No sé si es mejor o peor, sólo digo que era distinta. Era una universidad más pausada, que sólo pedía que se confiara en ella, porque el camino del conocimiento siempre es lento y extraño. Una universidad de maestros y discípulos. Soy consciente de que también estaba llena de defectos. Pero era, al menos para algunos, un lugar para estudiar, pensar y empujar el conocimiento más allá del lugar en el que estaba, y formar a otros en ese largo, extenuante y muy a menudo incomprendido y denostado camino. Por eso, no me puedo imaginar el trabajo titánico que hay tras tus logros y los de tu equipo, como los de otros colegas a los que admiro, para llegar a donde habéis llegado, para haber ensanchado el conocimiento como lo habéis hecho. Nada ni nadie suele ayudar en ese camino. Alcanzar ese nivel a pesar de la burocracia y la incomprensión del entorno tiene un mérito que sobrecoge. Imagino que a ti también te fascinaba el ideal de la gran universidad (en mi caso era la alemana). En la creencia en que la ciencia, blanda o dura, se construía a base de muchas horas de trabajo, paciente y dedicado. Donde se suponía que unos y otros nos respetábamos, sin ser tan ingenuos como para creer que no hay mala gente entre nosotros. Pensábamos que nuestro trabajo y nuestra honestidad nos inmunizaba. Lo curioso es que la literatura del mundo universitario, de Nabokov a Williams, está repleta de tragedias humanas ocasionados por esos indeseables. Pero no estamos inmunes querido amigo, nos hacen daño. Y mientras el daño es sólo personal, lo soportamos, pero cuando ataca a nuestra gente y a su trabajo, nos deshace.

Te digo de verdad que sólo con leer las primeras palabras del famoso blog de marras, donde se afirma sin empacho que ya se sabe que en la península ibérica tenemos la tradición de premiar a “científicos bien conectados” que falsean datos (¡ahí va y que te preste!), se le quita a uno las ganas de todo. ¿Se puede dar crédito a alguien así? Ya ni te cuento a los torquemadas que se esconcen cobardemente tras el pseudónimo “Clare Francis” para denunciar supuestos fraudes científicos. Hombre, eso a mí me enseñaron que se hace a la cara y a la luz del día. Perdona este desahogo. Imagino que todo el mundo esperaría palabras más sosegadas. Pero me resulta muy difícil no dejarme llevar por un profundo sentimiento de desolación y tristeza. Puedo entender que suscite debate el alcance de hipotéticos errores en tus trabajos. Pero nadie ha invalidado sus resultados. Y en tu mundo de ciencia dura, a diferencia del mío, la solidez de una hipótesis siempre tiene el juez implacable de la realidad física. Ya te podrás empeñar en sostener que la manzana cae para arriba, que la manzana se empeñará en caer para abajo (perdonen los exquisitos por esta vulgar caricatura). Lo sensato y razonable hubiera sido simplemente darte la oportunidad de corregirlos. Punto. Pero parece que hay muchas ganas de morbo y de hacerte daño. Te lo hacen a ti, y nos lo hacen a todos. Y quien no lo vea o no quiera verlo, se hace cómplice de esta progresiva intoxicación que envenena cada día más nuestra vida académica y nos invita al silencio. Son malos tiempos para la honesta genialidad mi querido Carlos.

(Publicado en El Comercio el 3 de febrero de 2019)

Demasiadas pérdidas (in memoriam de Juan Cueto y Tini Areces)

¡Joder, Juan, ¿cómo te has ido así?! Es que te has ido sin avisar, y nos dejas a todos en la estacada. Perdona que me enfade. Ya sé que estábamos a mitad de camino entre saludados y conocidos, como decía Josep Pla, y probablemente por eso no tengo derecho alguno a recriminarte que te hayas marchado así, a la francesa. Es verdad que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Nuestras vidas habían cambiado mucho y de la misma manera que nos acercaron en un momento (¿te acuerdas de aquellas memorables reuniones del Consejo de la Comunicación que tu presidías con tanto tino y las discusiones que manteníamos tú y yo sobre la libertad de información?), también nos alejaron; aunque yo siempre te seguía la pista. Cosas que pasan. Es difícil olvidar aquellas parrafadas que nos echábamos camino del pan en Somió, o a la puerta de tu casa, en aquella esquina donde todo lo podías ver y dónde todos debíamos aminorar el paso para doblar la esquina ciega como si de una devota reverencia se tratase. Debo ser sincero. Hablar, hablabas tú. Yo sólo me atrevía a escuchar, ¡qué iba a decir yo ante ese titán de las ideas!, abrumado por tu energía, por tu potencia intelectual, tu inteligencia y perspicacia, siempre viendo más allá. Luego llego la enfermedad, y te alejaste silencioso de todo. Dejé de ver en las ventanas de tu casa aquél pantallón de televisión que todo lo llenaba. Un día vi colgado el cartel de “se vende” a la puerta, y sigo desorientado.

Ahora me pregunto qué pensarías tú de este mundo frenético y caótico que nos toca vivir. Un mundo donde hemos vuelto a las andadas, en donde es preferible el silencio, en donde al otro se le denigra y machaca, donde la tele es basura y nada hace ya pop porque todo se ha hecho banal. Nunca fuiste un apocalíptico, pero tampoco un integrado. Seguramente verías en todo esto una luz al final de este túnel de intolerancia, marginalidad e insignificancia. Yo creo que eras un optimista radical, no al modo de estos nuevos optimistas tan de moda que parecen más bien unos ingenuos inconsistentes que tienden a confundir la estadística de los grandes números con la vida real. No, tú eras un optimista porque creías en la capacidad inagotable del ser humana de crear. Aunque quizá, con los años y los achaques, te habrías vuelto algo más escéptico. Juan, yo era un chaval pedante y redicho que leía Cuadernos del Norte, aunque no entendía nada, y tomaba cerveza en el “Sed de Mal”, que también frecuentabas. Y te escuchaba a lo lejos admirado y boquiabierto. Era difícil no oírte (otra cosa es que te escucharan), porque tu voz se elevaba y era como un torrente inacabable de ideas, visiones, análisis y, entre col y col, un chascarrillo. Así te recuerdo, inabarcable, inagotable, infinito.

Como así recuerdo a Tini. Un gigante de la política. Les gustará más o menos, pero Tini cambió Gijón y para bien. Recuerdo aquella noche que regresaba yo de una larga estancia en Alemania. Eras los años noventa. Yo me había ido de una ciudad de plomo, gris, triste, donde se abandonaban los barcos mercantes de cabotaje y el puerto olía a mugre y pis, donde tropezabas con los raíles de un tranvía del que nadie tenía ya memoria y se sorteabas las barricadas de las manifestaciones obreras. Ahora volvía y todo estaba patas arriba, era el caos de la transformación. Gijón estaba mutando para convertirse en una ciudad capaz de presumir de su fealdad, de tener vida cultural, de ser moderna. Tini y su gente hicieron todo aquello. Algo le traté en estos años, y me asombraba su energía personal y política. A mí me agotaba sólo de verle por Begoña a toda prisa a despachar en su otra oficina, como decía él: el café Dindurra. Por eso más asombro me produce saber que ya no me dirás ese “Villaverde” lleno de mando y poderío. Estoy triste, se están yendo los buenos, y sólo nos quedamos los irrelevantes.

(Publicado en El Comercio, 20 de enero de 2019)

SECRETO, PERIODISTAS Y JUECES

Imagino que intuirán ustedes de qué voy a escribir hoy. Es que esto del caso Cursach me trae hablando solo. No acierto a entender que se les ha pasado por la cabeza al juez y a la fiscalía en semejante trance. Quiero pensar que no ha sido por desconocimiento del derecho constitucional más elemental, o de la más básica teoría general de los derechos fundamentales, o de la doctrina universalmente aceptada sobre la libertad de expresión. Me resisto a creer que cediesen sin más y por ignorancia a la petición de la policía judicial, probablemente muy justificada en el hastío de tanta filtración que estaba perturbando gravemente el curso de las investigaciones en un asunto tan siniestro. No puede ser, porque su señoría debería saber que con arreglo a una doctrina pacífica, reiterada y muy sólida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cualquier violación del secreto periodístico soporta una gravísima sospecha de constituir una aún más grave intromisión en la libertad de información de los profesionales del periodismo, y por extensión, de todos los ciudadanos. Dudo mucho de que el Tribunal Constitucional, llegado el caso, contrariase esta jurisprudencia.

En efecto, así es. Y no sólo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también todos los tribunales constitucionales de nuestro entorno (el alemán lo acaba de reiterar en una sentencia de 2015), han sostenido rotundos que cualquier interferencia en el secreto profesional de los periodistas debe justificarse en razones de indiscutible necesidad en el seno de una sociedad democrática. Esas razones siempre se han identificado con la ineludible garantía de otros intereses, bienes o derechos fundamentales. Debe acreditarse ante el juez que es absolutamente imprescindible revelar las fuentes periodísticas porque no hay otra forma alternativa menos gravosa de proteger los derechos constitucionales de terceros. Y no sólo eso, es además necesario acreditar que el daño que se produciría en esos derechos, de no violentar el secreto periodístico, es real, inminente y desproporcionado. Si no se acreditan todos estos extremos, la decisión judicial de obligar al periodista a revelar sus fuentes de la forma que sea, directamente llamándole a declarar, o indirectamente incautándose de sus medios de trabajo (móviles, archivos, ordenador, etc.), ¡constituye una vulneración de su libertad de información de manual!

No parece que se haya acreditado nada de eso ni por la fiscalía, ni por la policía judicial, ni por el propio juez, porque el auto que decreta la incautación de los móviles y ordenadores de los periodistas en cuestión no está motivado. Lo que ya resulta el colmo, porque cualquier juez debería saber que cualquier resolución judicial –que no sea de simple impulso procesal- sin motivación, especialmente en un supuesto de evidente afectación de un derecho fundamental, es manifiestamente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva (si no conozco las razones de la decisión, malamente me podré defender de ella) y a la libertad de información (cualquier limitación de un derecho fundamental sin motivar lo lesiona). El juez desde luego habrá podido saber quién filtraba información de las diligencias previas penales que instruía. Pero nada de lo que ha obtenido con esa actuación tiene valor probatorio porque al haberse obtenido con manifiesta vulneración de derechos fundamentales es nulo de pleno derecho y no puede emplearse en el proceso, so pena de viciarlo y provocar su nulidad (doctrina de los frutos del árbol envenenado). ¡Y encima para solventar un asunto ajeno al objeto principal de la causa! ¿Alguien da más?

(Publicado en EL COMERCIO, 23 de diciembre de 2018).

¿Para qué queremos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

Sinceramente, para nada. La Constitución Español en su artículo 122 importó la figura del Consejo Superior de la Magistratura de la Constitución italiana. En mala hora se nos ocurrió hacerlo. En Italia el Consejo lleva envuelto en la polémica desde sus inicios. Otra tanto cabe decir del nuestro (hasta en eso copiamos a Italia).

Este órgano del Estado ha estado siempre en el centro de la polémica, especialmente por el modo de provisión de sus miembros, pues sus competencias son más bien administrativas. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, debe distinguirse el Poder Judicial de la Administración de Justicia. El Poder Judicial lo desempeñan jueces y magistrados ejerciendo sus funciones jurisdiccionales (juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado) sujetos a un férreo estatuto personal regido por los principios de independencia, imparcialidad, inamovilidad y responsabilidad. Estas son las notas que definen a los órganos que ejercen jurisdicción en España y son ellos, jueces y magistrados, los que deben ser independientes e imparciales en el ejercicio de dicha función. La Administración de Justicia es una estructura orgánica y funcional del Estado cuya finalidad es gestionar económica y administrativamente los recursos personales y materiales al servicio del Poder Judicial.

El CGPJ se ocupa de lo segundo y no de lo primero. El CGPJ se ocupa de las necesidades organizativas del Poder Judicial, de su personal, de sus edificios e instalaciones, de sus recursos (coordinadamente con las Comunidades Autónomas que también tienen competencia en esta materia). Pero estas funciones, que aparentemente son pura burocracia, tienen una especial trascendencia. Primero, porque el correcto ejercicio de sus competencias permite que los jueces y magistrados hagan bien su trabajo. Segundo, porque le ocupa la selección de jueces y magistrados, su nombramiento y en su caso su sanción disciplinaria, lo que constituye una garantía no sólo del buen funcionamiento del Poder Judicial, sino de que funciona con arreglo a los principios inquebrantables de la independencia, imparcialidad y responsabilidad de sus miembros. Y, en tercer lugar, porque hacerlo bien tiene un valor simbólico capital. Es verdad que él no dicta sentencias, ni juzga y ni ejecuta lo juzgado. Pero si no cumple bien con esas dos tareas, daña de forma grave la imagen, siempre frágil, de la Justicia.

El primer estadio de lo que debiera un círculo virtuoso se inicia con la selección de los miembros del CGPJ. No voy a entrar en la polémica sobre si es mejor que los elijan los propios jueces y magistrados (lo que siempre me ha perecido un pelín corporativo), el Parlamento (lo que conlleva el riesgo del chalaneo partidista) o los dos a la vez (que quizá sea la fórmula más adecuada). Lo que está claro es que cuando se transmite la imagen de que la composición del CGPJ es el fruto del cambio de cromos, para además colocar a personas cuyo prestigio profesional está por ver, da igual que se designe a otros juristas de competencia indiscutible o que el CGPJ fruto de esa designación haga su trabajo de forma irreprochable. Ha nacido con mácula, y eso no hay forma de repararlo. Por eso, digo yo que, como esto no tiene remedio y lo que hace lo puede hacer el Ministerio de Justicia como en la mayoría de los países … ¿no sería mejor eliminarlo?

(Publicado en El Comercio, 25 de noviembre de 2018)

REFLEXIONES DE UN VIEJO SOCIALDEMÓCRATA EN TIEMPOS ODIOSOS

Ahora que sabemos que el elefante está en la habitación (Lakoff), ¿qué hacemos con el elefante? Ahora que sabemos que esto de la democracia se está yendo a pique, que nos asolan los fantasmas del populismo, el nacionalismo y el enfrentamiento (un fantasma recorre Europa, decían Marx y Engels para abrir su “Manifiesto Comunista”), que Europa zozobra acosada por los nuevos bárbaros, que nos domina el vértigo de la decadencia… ¿qué vamos a hacer con ese elefante?

Ya les adelanto que no voy a dar respuesta a esa pregunta. No tengo ni idea, y creo que nadie la tiene. Pero sí me aventuro a plantearles la siguiente hipótesis. La era de las grandes y maduras democracias está tocando a su fin. No morirán de repente. Asistiremos a una lenta y penosa agonía, para ser sustituidas por democracias orgánicas de nuevo cuño dirigidas por hombre fuertes que harán política emocional sólo para las mayorías reales, que son aquellas compuestas por ciudadanos mediocres, ociosos, llenos de miedos e inseguridades, absorbido por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, autistas sociales y reactivos únicamente a ideas simples e instintivas. Éste es el nuevo hombre del segundo milenio. Se acabó el sueño ilustrado de un humano racional, empático y comprometido. En realidad, nunca existió. Pero era una ficción necesaria para construir las nuevas sociedades y sus Estados, emancipados de la tiranía de la superstición y la servidumbre.

Vale. Conocemos el diagnóstico. Una y otra vez volvemos a él y lo formulamos y reformulamos. La democracia muere de éxito. Ya lo había dicho Schumpeter en los años 50 del siglo pasado, las democracias occidentales sólo conducen a sociedades ociosas y ególatras incapaces de cualquier tipo de sacrificio y alérgicas a toda responsabilidad. Este proceso conllevaba la progresiva degeneración de los sistemas educativos, el ablandamiento de todas las estructuras sociales, su permanente cuestionamiento, hasta quedar indefensos a la par que subyugados por populismos y demagogias de toda calaña que conectan de manera irracional con nuestras emociones instintivas y que se traducen políticamente en xenofobias, extremismos, nacionalismos, resentimientos, revanchismo… En fin, puro nihilismo del sálvese quien pueda negando al otro, al distinto, al que no soy yo o como yo. Detrás de las democracias de identidad y comunitaristas no hay más que exclusión y opresión al diferente, aunque prediquen lo contrario. Por eso entran en crisis los viejos partidos socialdemócratas o conservadores. No porque la socialdemocracia, el socialismo o las ideas liberales o el conservadurismo hayan tenido de dejar sentido político, sino porque la política ya no es un sistema en el que intervienen los hombres con sentido de Estado, sino el humano real y mezquino. Eso que tanto se dice, ya no hay “sentido de Estado”, no es más que el eufemismo que empleamos para decir que la política, el arte de convivir, ya no está en manos de gente cercana a la ficción del hombre ilustrado, sino a la del hombre real. Los procesos sociales ya no sirven para generar élites de decisión que se seleccionan por su mérito y capacidad (y no por su cuna o caja). Y en ese escenario ninguna idea política clásica funciona porque todas ellas presuponen la ficción del humano racional. Desde el momento en que hemos corrido el velo y reivindicamos la humanidad real y verdadera (la de seres violentos, egoístas, con una predisposición genética al nepotismo) como sujeto político, y lo que es aún peor, como agente político, la democracia está condenada.

Pero, conocido el diagnóstico, lo que toca ahora es hacer el esfuerzo de buscar un tratamiento. Seguramente ya no es posible volver al ideal de la democracia occidental clásica. Pero me da a mi que todo pasa por devolver al humano real a los confines de la vida cotidiana, y sujetarlo a sistema educativos y sociales exigentes para volver a seleccionar a los más capacitados para entender y gestionar el mundo. Rousseau sólo condujo a la anarquía; Hobbes nos llevó a la democracia.