lunes, 7 de mayo de 2018

LO QUE CUESTA INVESTIGAR


Se ha montado un cierto revuelo con ocasión del anuncio de la Unión Europea según el cual la labor científica que sea financiada con fondos europeos debe ser accesible a cualquiera. El sector de la edición científica se ha puesto patas arriba porque ésta sana medida lamina su negocio. A alguien se le ocurrió en un momento determinado que, si la reputación de un científico se podía medir por el impacto de sus publicaciones, es decir, por cuántos las leían y las citaban, ¿por qué no cobrar al científico que quisiese publicar en esas revistas o editoriales? Tener reconocimiento académico tiene un precio. Si a eso le unimos que muchas disciplinas científicas son universales (el genoma es el mismo aquí que en China) y que en esos campos existe una comunidad científica global que para comunicarse han elegido dos idiomas comunes: el inglés y el matemático, ¿por qué no cobrar globalmente? Y para rematar, ¿por qué no nos inventamos unas agencias de calificación, como las que evalúan el riesgo económico de los países, que establezcan los rankings de las publicaciones más prestigiosas donde todo el que quiera ser alguien en la ciencia debe publicar en ellas para lograrlo? Todo junto, gloria. Un gran y boyante negocio editorial que tengo para mí que ha corrompido en alguna medida el discurrir natural de la ciencia, a lo que han contribuido nuestras respectivas agencias evaluadoras de la calidad del trabajo científico que están, creo yo, un poco (si no mucho) deslumbradas por los rankings y los impactos. Incluso hay factores que te colocan en el ranking científico. Uno de ellos es el facto “H”, que se han inventado unos señores, no se sabe de dónde y que yo sigo sin entender. Pero que cada día se usa más para encasillarte y hacerte merecedor de proyectos de investigación. En fin, no tenía yo bastante con el punto g, y ahora resulta que el tema era tener un factor h.
Las ciencias blandas, que nos habíamos librado en buena medida de ese corsé, nos vemos cada vez más abocados a funcionar como nuestros colegas de las duras. En mi ámbito, el Derecho Constitucional, un saber sólo relativamente global, cada vez se impone más como criterio superior de evaluación de la calidad de nuestros trabajos, que se publiquen en habla inglesa. Lo paradójico de esto es que lo que se ha convertido en sello de calidad de un trabajo en mi campo es que esté escrito en inglés, como si hacerlo ya hiciera bueno lo que dices, y no la altura y rigor de lo escrito. Vaya, que lo que prima es que usted sepa escribir en inglés o tenga dinero para que se lo traduzcan, aunque lo que diga no valga para nada. Si además resulta que, si pagas, te lo publican, la consecuencia es que sólo los ricos por casa podrán hacer Derecho Constitucional. Tengan en cuenta que un trabajo científico de las ciencias duras suele ser breve y con apenas texto y sí mucha matemática y mucho gráfico, que no hay que traducir. Un trabajo de Derecho Constitucional tiene entre 20 o 30 folios, está lleno de notas a pie de página, y no hay un solo momento de respiro para el lenguaje. A eso súmenle que en especialidades como la mía el lenguaje importa. Quiero decir, los matices, los giros idiomáticos, las expresiones, los estilos, los modos de expresión de cada tradición jurídica son esenciales. Por mucho que uno sepa inglés, yo no me atrevería a publicar en ese idioma; y cuando media un traductor, aunque sea especializado, los problemas no son menores. O sea, que a mí me parece estupenda la decisión de la Unión Europea de que todo trabajo científico financiado o que resulte de un proyecto financiado con dinero de la Unión, o sea de todos, debe publicarse y difundirse libre y abiertamente. La ciencia, dura y blanda, es de todos, no sólo de quien se la pueda permitir (y sepa inglés).

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